Régimen gasífero venezolano

El Régimen Gasífero Venezolano ante la Reforma Petrolera de 2026

La reforma petrolera de 2026 ofrece referencias y oportunidades únicas para actualizar el régimen gasífero venezolano sin sustituir su estructura. Conozca las propuestas sobre licencias, inversión privada, equilibrio económico, regalías, solución de controversias y participación económica del Estado.

Sumario: I. Introducción. II. El régimen jurídico gasífero venezolano: 1. La configuración del régimen jurídico gasífero de 1999; 2. La participación privada y el régimen de licencias; 3. La licencia como instrumento de desarrollo regulatorio. III. La Ley Orgánica de Hidrocarburos como referente para la reforma gasífera: 1. Principios de actuación regulatoria; 2. Preservación de la economía del proyecto; 3. Solución de controversias; 4. Modalidades de participación privada en las actividades primarias; 5. Participación económica del Estado; 6. Ventajas especiales; 7. Criterios de diferenciación entre proyectos. IV. La participación económica del Estado en la industria gasífera: 1. Fundamento de la participación económica del Estado; 2. La regalía en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; 3. Diferenciación de proyectos y participación económica estatal; 4. Las contraprestaciones especiales y las ventajas especiales; 5. Reflexiones sobre las regalías, tributos y demás cargas económicas; 6. Consideraciones finales. V. Conclusiones e ideas para la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Referencias y Bibliografia Consultada.

I. INTRODUCCIÓN

La promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG) de septiembre de 1999[1] representó una de las transformaciones más significativas del régimen jurídico energético venezolano de finales del siglo XX. Mediante dicho instrumento, el legislador estableció una regulación especial para las actividades vinculadas a los hidrocarburos gaseosos y configuró un esquema diferenciado respecto del aplicable a los hidrocarburos líquidos, basado en la coexistencia entre la titularidad pública de los yacimientos y la participación de personas privadas nacionales y extranjeras mediante licencias y permisos.

La estructura normativa diseñada por la LOHG fue desarrollada mediante el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (RLOHG) del 5 de junio de 2000[2]. Desde entonces, este régimen ha servido de fundamento para licencias de exploración y explotación tanto en tierra firme como costa afuera: las áreas Yucal Placer Norte y Sur[3], Barrancas, Tiznado, Barbacoas y Tinaco (2001)[4] y San Carlos (2002)[5]; los bloques 2, 4 (2003)[6] y 3 (2004)[7] de la Plataforma Deltana; los bloques Urumaco I, Urumaco II y Cardón III (2005)[8]y Cardón IV[9] y Moruy II (2006)[10], del Proyecto Rafael Urdaneta; y, más recientemente, los campos Patao y Mejillones del área Mariscal Sucre (2017, con reforma de 2020)[11], Dragón, también en el área Mariscal Sucre (2024)[12], y Cocuina de la Plataforma Deltana (2024)[13].

Con posterioridad se promulgaron la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), del 29 de enero de 2026[14], y el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (RLOH), del 7 de julio de 2026[15]. La LOH y el RLOH incorporaron en sus disposiciones: los principios de seguridad jurídica y transparencia contractual; dos mecanismos diferenciados de participación privada en las actividades primarias; modalidades alternativas de resolución de controversias; instrumentos de planificación; mecanismos de preservación del equilibrio económico-financiero; flexibilidad en la determinación de la regalía; el impuesto integrado de hidrocarburos; ventajas especiales; y categorías diferenciadas de proyectos. Estas instituciones fueron concebidas para el régimen de los hidrocarburos líquidos y se examinan en el capítulo III como referencia para el régimen gasífero.

Más allá de esa referencia, el contexto en el que se aplica la LOHG ha cambiado. La necesidad de atraer inversión nacional y extranjera exige que el régimen gasífero compita con otras jurisdicciones por capital, tecnología y acceso a mercados, y esa competencia se juega en la claridad de los títulos habilitantes, la previsibilidad de la participación económica del Estado y la solidez de las garantías para proyectos de largo plazo. A ello se suma la transición energética, que otorga al gas natural un papel de combustible de transición y de materia prima para la industrialización, y que obliga a ordenar su aprovechamiento con reglas que reduzcan la incertidumbre. El impulso actual ofrece una oportunidad para actualizar la LOHG y su reglamento mediante reglas claras, procedimientos previsibles y garantías que faciliten el financiamiento y la ejecución de proyectos, sin debilitar los controles públicos. En ese contexto, el Ejecutivo Nacional reiteró el llamado a inversionistas internacionales mediante diversos anuncios. En el sector gasífero destacan los acuerdos con Repsol en marzo de 2026[16] y los anuncios de 2026 sobre Cardón IV, para abastecimiento interno y exportación, y sobre la fase II de Campo Lorán, con participación de BP Exploration (Caribbean), XRG P.J.S.C. y UCC Oil and Gas Holding LLC.[17] Cabe añadir el anuncio del 29 de octubre de 2026 sobre la valoración de activos estatales no esenciales para su eventual oferta al sector privado o restitución.[18]

La cuestión jurídica consiste, por tanto, en determinar qué materias de la LOHG y del RLOHG podrían beneficiarse de actualización, mayor precisión o tratamiento normativo general, a partir de la experiencia acumulada bajo el régimen gasífero y de las instituciones incorporadas por la LOH y el RLOH, sin desconocer la especialidad ni la funcionalidad del modelo vigente.

La tesis que se sostiene es que la LOHG y el RLOHG conservan una estructura normativa apta para regular las actividades fundamentales de la industria gasífera venezolana. Sin embargo, la experiencia acumulada mediante las licencias y la evolución reciente del derecho venezolano de los hidrocarburos permiten identificar materias que requieren una formulación general más clara, sistemática o previsible. La necesidad de atraer inversión, en un contexto de competencia por capital, hace especialmente relevante esa actualización.

El objeto principal del trabajo consiste en identificar y valorar las instituciones incorporadas o sistematizadas por la LOH y el RLOH de 2026 que puedan ofrecer referencias útiles para una eventual reforma de la LOHG y del RLOHG. El estudio también considera, de manera complementaria, propuestas derivadas de la experiencia administrativa, la práctica de las licencias y otras necesidades regulatorias propias del sector gasífero. Esta delimitación permite distinguir las conclusiones que resultan de la comparación con el régimen de los hidrocarburos líquidos de aquellas que encuentran fundamento autónomo en la experiencia del régimen gasífero.

Este artículo emplea el método de análisis jurídico comparado entre la LOHG y el RLOHG, por una parte, y la LOH y el RLOH de 2026, por la otra, complementado con el examen de la práctica administrativa de las licencias gasíferas y, en particular, de la Licencia del Campo Dragón, utilizada como antecedente para determinar qué materias ya cuentan con desarrollo administrativo y cuáles requieren una formulación legal o reglamentaria común.

Con tal finalidad, el trabajo se estructura en cinco capítulos. Tras esta introducción, el capítulo II presenta el régimen jurídico gasífero venezolano, su configuración normativa, la participación privada y la función de la licencia como instrumento de desarrollo regulatorio. El capítulo III examina la LOH como referente para una eventual reforma gasífera, mediante el análisis de los principios de actuación regulatoria, la preservación de la economía del proyecto, la solución de controversias, las modalidades de participación privada en las actividades primarias, la participación económica estatal, las ventajas especiales y los criterios de diferenciación entre proyectos. El capítulo IV estudia la participación económica del Estado en la industria gasífera. El capítulo V contiene las conclusiones del estudio y sistematiza las ideas para una eventual reforma de la LOHG derivadas del análisis precedente y de la experiencia regulatoria del sector gasífero, entre ellas la autonomía del regulador, el precio del gas metano destinado al mercado interno, la cadena de valor y la política de subsidios, la separación de actividades y la exclusividad en el transporte, y el gas natural licuado.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO GASÍFERO VENEZOLANO
1. La configuración del régimen jurídico gasífero de 1999

La LOHG estableció un régimen especial para las actividades relacionadas con los hidrocarburos gaseosos y definió una estructura regulatoria diferenciada respecto de la tradicionalmente aplicable a los hidrocarburos líquidos. Desde sus primeras disposiciones, el legislador distinguió las actividades vinculadas al gas natural de aquellas sometidas al régimen petrolero y delimitó el ámbito material de aplicación de la LOHG, comprendiendo la exploración, explotación, recolección, almacenamiento, utilización, procesamiento, industrialización, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos gaseosos y de sus componentes.[19] Esta delimitación refleja una concepción del gas natural como cadena integrada de actividades económicas, y no solo como actividad extractiva.

La configuración de este régimen respondió a la necesidad de reconocer las particularidades técnicas, económicas y regulatorias de la industria gasífera. Como ha señalado Bermúdez, la LOHG constituyó una respuesta legislativa dirigida a otorgar autonomía jurídica a una actividad que, aunque vinculada al sector de hidrocarburos líquidos, presenta características distintas de las propias de la industria petrolera tradicional.[20]

Uno de los aspectos centrales de esta regulación fue la coexistencia entre la titularidad pública de los yacimientos y la posibilidad de participación privada en las actividades económicas asociadas al aprovechamiento del gas natural. En efecto, la LOHG reafirmó la condición de bienes del dominio público de los yacimientos de hidrocarburos gaseosos, pero simultáneamente admitió la participación de personas privadas nacionales y extranjeras en las actividades reguladas, sujeta a la obtención de los correspondientes títulos habilitantes.[21]

Esta solución normativa permitió armonizar principios tradicionalmente presentes en el derecho venezolano de los hidrocarburos con mecanismos orientados a facilitar la incorporación de operadores privados al desarrollo de la industria gasífera.

2. La participación privada y el régimen de licencias

La principal manifestación práctica de la apertura incorporada por la LOHG se encuentra en el régimen de licencias previsto para la exploración y explotación de gas natural no asociado. Los artículos 24 y 25 de la LOHG establecen que las personas privadas interesadas en realizar dichas actividades deben obtener una licencia otorgada por el Ejecutivo Nacional por órgano del ministerio competente. El RLOHG desarrolla esta institución y regula aspectos

relacionados con el otorgamiento de licencias, la delimitación de áreas, los compromisos exploratorios, los programas de evaluación y los planes de desarrollo.[22]

Desde una perspectiva jurídica, la licencia constituye una de las instituciones centrales del régimen gasífero venezolano. A través de ella se estructura la participación privada en actividades vinculadas al aprovechamiento de bienes del dominio público sin alterar la titularidad estatal del recurso. La licencia cumple una doble función: habilita el ejercicio de la actividad y, al mismo tiempo, ordena el aprovechamiento exclusivo del yacimiento dentro del área correspondiente.

Hernández señaló que la licencia constituye el instrumento jurídico que permite compatibilizar la titularidad pública de los yacimientos con la participación privada en la actividad económica[23], mientras que Bermúdez identifica en ella uno de los elementos diferenciadores más relevantes respecto del régimen petrolero tradicional[24].

La importancia de la licencia no radica únicamente en el derecho que confiere a su titular para realizar actividades exploratorias o de explotación. También constituye el instrumento a través del cual se determinan obligaciones, programas de trabajo, garantías, contraprestaciones especiales y demás compromisos asociados al proyecto regulado.

En consecuencia, la licencia debe entenderse como una institución estructural del régimen jurídico gasífero y no como un simple mecanismo administrativo de autorización.

3. La licencia como instrumento de desarrollo regulatorio

Desde la entrada en vigencia de la LOHG se han otorgado diversas licencias de exploración y explotación de gas natural tanto en tierra firme como costa afuera. Yucal-Placer inició producción en 2004 y, durante 2006, registró aproximadamente 105 millones de pies cúbicos diarios, con una entrega promedio a PDVSA de 90 millones de pies cúbicos diarios.[25] En Barrancas, la producción temprana estaba prevista para 2005 y el desarrollo se articuló con una primera planta eléctrica de 80 MW.[26] La ronda de licencias de 2001 adjudicó Tinaco a

Pérez Companc y Tiznado y Barbacoas a Pluspetrol.[27] Estos antecedentes ilustran la aplicación de la licencia a proyectos con perfiles distintos de madurez, demanda e integración con actividades consumidoras de gas, pero su valoración como evidencia de funcionalidad requiere considerar la evolución posterior de cada proyecto.

Las condiciones generales incorporadas a dichas licencias evidencian la capacidad del régimen para adaptarse a proyectos con características técnicas distintas. Los instrumentos otorgados regularon materias tales como los programas mínimos exploratorios, la evaluación de descubrimientos, la declaración de comercialidad, los planes de desarrollo, las garantías, la reversión de activos, las contraprestaciones especiales y los mecanismos de resolución de controversias. Más recientemente, las licencias de los campos Dragón y Cocuina confirman la continuidad del modelo de licencias para estructurar proyectos gasíferos de especial complejidad técnica y comercial.[28]

La Licencia del Campo Dragón ofrece, además, un ejemplo particularmente útil para examinar la relación entre la práctica administrativa gasífera y las instituciones incorporadas con carácter general por la LOH y el RLOH. Sus condiciones desarrollan materias como la planificación del proyecto, la administración de cambios que incidan sobre su ejecución, los mecanismos de solución de controversias, la fuerza mayor, la cesión, la reversión, las obligaciones de abandono y desincorporación, la participación nacional, la formación de personal y la transferencia tecnológica. Varias de estas cuestiones encuentran hoy una expresión normativa más general en la LOH o en el RLOH, mientras que en el régimen gasífero continúan dependiendo en buena medida de las condiciones particulares de cada licencia. Esa experiencia permite considerar si una eventual evolución de la LOHG debería sistematizar principios y garantías comunes con antecedentes en el régimen gasífero, como la protección de la economía del proyecto prevista por el artículo 48 del RLOHG, cuestión que se examina en el capítulo III.

La práctica de las licencias también muestra que el tratamiento de los componentes líquidos puede adaptarse a las características del proyecto. Las condiciones aplicables a Cocuina y Dragón distinguen entre los componentes pesados contenidos en la corriente gaseosa, los condensados separados en las instalaciones iniciales y los descubrimientos independientes con autonomía económica, y vinculan cada supuesto con reglas particulares sobre propiedad, regalía, notificación, evaluación y eventual desarrollo. Este antecedente confirma la capacidad de la licencia para ordenar técnicamente estas materias sin demostrar, por sí solo, la necesidad de una regla legal general.

La utilidad de la Licencia del Campo Dragón no consiste, por tanto, en convertir todas sus cláusulas en disposiciones legislativas, sino en demostrar que la práctica administrativa ya ha debido resolver materias que podrían beneficiarse de una base normativa común, más clara y previsible. La LOHG debería contener los principios y habilitaciones generales; el RLOHG, los procedimientos y estándares mínimos; y las licencias, la adaptación específica exigida por cada desarrollo.

Esta experiencia permite formular una primera conclusión: la evolución de la legislación gasífera venezolana no debe partir de la premisa de que el régimen creado en 1999 haya dejado de cumplir sus funciones esenciales. La continuidad de las licencias y la diversidad de proyectos desarrollados bajo su amparo son indicios de vigencia práctica, aunque valorar su funcionalidad exige considerar la evolución y los resultados de cada proyecto.

III. LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS COMO REFERENTE PARA LA REFORMA GASÍFERA
Consideraciones preliminares

La LOH y el RLOH regulan los hidrocarburos líquidos y el gas asociado; la LOHG rige el régimen de los hidrocarburos gaseosos. Por ello, esas disposiciones no son directamente aplicables a las actividades sometidas a la LOHG, pero algunas de las instituciones que sistematizan ofrecen elementos de comparación útiles para examinar la posible evolución del régimen gasífero.

La existencia de una legislación especial para los hidrocarburos gaseosos sigue siendo válida, por las razones expuestas en el capítulo precedente. La LOHG regula una actividad con características técnicas, económicas y jurídicas propias. La comparación no pretende, por tanto, justificar su sustitución por instituciones de la LOH, sino identificar técnicas regulatorias cuya incorporación permitiría examinar posibles líneas de evolución del régimen jurídico gasífero.

La práctica de las licencias, incluida la del Campo Dragón, se considerará únicamente como antecedente complementario para determinar qué materias ya cuentan con desarrollo particular y cuáles requieren una formulación legal o reglamentaria común. El examen comienza con los principios regulatorios, por ser el criterio interpretativo que orienta las materias de los apartados siguientes.

1. Principios de actuación regulatoria

El artículo 1 de la LOH establece que las actividades reguladas deben ejecutarse conforme a principios de soberanía energética, dominio público de los yacimientos, maximización progresiva de la renta, seguridad jurídica, transparencia contractual, rendición de cuentas, protección ambiental y adecuación a la transición energética.[29] Por su parte, el artículo 3 del

RLOH incorpora criterios de legalidad, cooperación, buena fe, intercambio técnico de información y resolución temprana de controversias, mientras que su artículo 4 exige que la actividad regulatoria observe estándares de motivación, proporcionalidad y razonabilidad.[30]

Los artículos 3 y 7 de la LOHG incorporan igualmente principios vinculados con el desarrollo nacional, la utilización eficiente del recurso, la industrialización y la preservación ambiental, orientación que el artículo 3 del RLOHG extiende a la gerencia y al personal nacional.[31] Sin embargo, la LOHG no contiene referencias expresas a nociones como seguridad jurídica, transparencia contractual o buena fe regulatoria, que sí figuran en el artículo 1 de la LOH y en los artículos 3 y 4 del RLOH. Esta diferencia no implica necesariamente una insuficiencia del régimen gasífero. No obstante, permite considerar si la incorporación expresa de algunos de estos principios podría contribuir a fortalecer los criterios interpretativos aplicables a las relaciones jurídicas derivadas de las licencias y permisos previstos por la legislación gasífera.

La utilidad práctica de incorporar estos principios no es meramente declarativa. Por una parte, ofrecerían un estándar de revisión de las decisiones del Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos: si la ley exige motivación, proporcionalidad y razonabilidad, el otorgamiento, la modificación y la fiscalización de licencias y permisos podrían contrastarse con un parámetro expreso, y no solo con la discrecionalidad de la autoridad que los adopta. Por otra parte, aportarían un criterio para resolver los vacíos de las licencias, instrumentos de larga duración que difícilmente prevén todas las contingencias de un proyecto: la seguridad jurídica, la buena fe y la cooperación orientarían la interpretación y la integración de esos instrumentos cuando guarden silencio. De este modo, los principios servirían de base común a las garantías que se examinan seguidamente, en particular la preservación de la economía del proyecto y la solución de controversias.

2. Preservación de la economía del proyecto

El artículo 26 de la LOH dispone que los contratos para actividades primarias mantendrán los equilibrios económico-financieros originalmente acordados y cualquier beneficio posterior que mejore tales condiciones. La norma permite, además, realizar ajustes en materias tales como regalías, tributos, tarifas, plazos o condiciones económicas cuando determinadas modificaciones produzcan una afectación negativa y sustancial de la economía

del proyecto.[32] Por su parte, el artículo 5 del RLOH desarrolla esta previsión y establece que las actuaciones administrativas generales o particulares deben procurar el mantenimiento del equilibrio económico-financiero y de los derechos y obligaciones previstos en los contratos correspondientes.[33] Desde una perspectiva jurídica, estas cláusulas procuran en concreto preservar la economía de relaciones jurídicas de largo plazo.

El artículo 48 del RLOHG dispone que las modificaciones de las metodologías utilizadas para determinar los precios aplicables al cálculo de la regalía no deben afectar la viabilidad económica de los proyectos correspondientes a licencias otorgadas con anterioridad. Esta protección normativa es específica y no equivale a una garantía general de estabilidad; demuestra, no obstante, que la protección de la economía del proyecto ya estaba prevista en un supuesto concreto del régimen gasífero.[34] El artículo 74 de la Licencia del Campo Dragón desarrolla esta protección con mayor amplitud, al prever medidas de estabilización cuando nuevas leyes o modificaciones legislativas afecten de manera negativa y demostrada las condiciones económicas del proyecto.[35] A petición de las licenciatarias, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de hidrocarburos (MH) debe adoptar las medidas necesarias para viabilizar o actualizar el plan de desarrollo y evitar el desmejoramiento de las condiciones en las que fue aprobado.[36]

La comparación con los artículos 26 de la LOH y 5 del RLOH permite examinar si la protección específica del artículo 48 del RLOHG debería recibir una formulación general aplicable a cambios regulatorios que produzcan una afectación negativa, sustancial y demostrable de la economía del proyecto. Esa formulación no debería operar como una garantía de inmutabilidad normativa ni impedir el ejercicio de las potestades regulatorias del Estado. Su función consistiría en habilitar mecanismos de revisión o ajuste definidos por la legislación y desarrollados en cada licencia, atendiendo a las características del proyecto y a la naturaleza de la afectación.

3. Solución de controversias

En la LOH y su reglamento, los artículos 8 de la LOH y 107 del RLOH aportan una formulación general y sistemática de los mecanismos alternativos de resolución de controversias.[37] En particular, el artículo 107 del RLOH permite someter las dudas y controversias derivadas de los contratos para las actividades reguladas por la LOH, cuando no puedan resolverse de mutuo acuerdo, a los tribunales competentes de la República o a la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje, conforme a los lineamientos que dicte el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos junto con la Procuraduría General de la República.[38] Su utilidad para el régimen gasífero no radica en trasladar esas disposiciones tal como están, sino en mostrar que el legislador puede fijar un marco común sin eliminar la flexibilidad propia de cada proyecto.

En el régimen gasífero, en cambio, el artículo 24, numeral 6, literal b), de la LOHG dispone que las dudas y controversias de cualquier naturaleza derivadas de la licencia que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido el arbitraje, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes y sin que puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.[39] El artículo 19 del RLOHG precisa que las dudas y controversias sometidas al procedimiento amistoso de arbitraje a que se refiere esa norma quedarán definitivamente resueltas mediante dicho procedimiento si así lo acuerdan las partes.[40] La ley y el reglamento fijan así el principio y el carácter definitivo del arbitraje pactado, pero no regulan el procedimiento ni ordenan los mecanismos en etapas, y dejan esa tarea a cada licencia.

La Licencia del Campo Dragón en su artículo 59 prevé que las diferencias puedan resolverse de mutuo y amistoso acuerdo y que las partes convengan en someterlas a un Tribunal de Arbitraje de Derecho, regido por la Ley de Arbitraje Comercial. Alternativamente, las partes pueden acudir a un Experto Independiente, que decide como árbitro arbitrador según la preponderancia de la evidencia y su sano criterio profesional. El laudo tiene la fuerza vinculante que determine el compromiso: puede ser definitivo, con fuerza de cosa juzgada, o admitir los recursos que las partes acuerden. Su artículo 58 somete la licencia y sus condiciones generales a la legislación venezolana, y sus artículos 60 y 61 fijan Caracas y el español como sede e idioma del arbitraje y permiten acumular procesos arbitrales.

La comparación entre las tres fuentes permite proponer una mejora normativa en tres niveles. En la LOHG, un marco general de mecanismos alternativos que reconozca expresamente la negociación, la mediación o conciliación, el arbitraje y la intervención de expertos, con la salvedad de las potestades públicas indelegables del Estado. En el RLOHG, los contenidos mínimos del procedimiento: notificación de la controversia, plazos, designación del tribunal arbitral o del experto, sede, idioma, costos y efectos de la decisión, de modo que no deban negociarse caso por caso. Para ello podría aprovecharse la técnica del artículo 107 del RLOH, que remite a lineamientos del MH y de la Procuraduría General de la República. En cada licencia, la elección del mecanismo aplicable al proyecto, el alcance del Experto Independiente y los recursos admisibles. Su principal beneficio es la previsibilidad, pues quien financia un proyecto de largo plazo necesita saber de antemano cómo se resolverán las diferencias y con qué efectos.

4. Modalidades de participación privada en las actividades primarias

En la LOH, la participación privada en las actividades primarias se regula mediante dos modalidades distintas de la licencia. La primera se encuentra en el artículo 36 de la LOH, desarrollado por el artículo 27 del RLOH,[41] que permite que el accionista privado minoritario de una empresa mixta asuma la gestión técnica y operativa del proyecto, directamente o mediante un prestador de servicios especializados, previa autorización del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de hidrocarburos y mediante los acuerdos de operación celebrados con el accionista mayoritario.[42]La segunda modalidad deriva del artículo 23, numeral 3, y de los artículos 40 a 43 de la LOH, complementados por los artículos 12 y 14 del RLOH. Estas disposiciones permiten que empresas privadas domiciliadas en Venezuela ejecuten actividades primarias mediante contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales, asumiendo la gestión integral a su costo, cuenta y riesgo, conforme a un plan de negocios aprobado por el MH y bajo los mecanismos de control previstos por el ordenamiento.[43]

En el régimen gasífero, la LOHG estipula la participación privada en la exploración y explotación de gas no asociado mediante licencias sin alterar la titularidad pública del recurso. En la práctica, es la licencia de cada proyecto la que determina las obligaciones, los programas de trabajo, las garantías y demás compromisos de su titular. La experiencia acumulada no exige sustituir esta figura, que debe conservarse como título habilitante general y preferente del régimen gasífero.

En relación con la gestión técnica y operativa, una eventual reforma de la LOHG podría contemplar igualmente que PDVSA, sus filiales o incluso una licenciataria encomienden la gestión técnica y operativa del proyecto a empresas de servicios especializados, previa autorización del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de hidrocarburos, sin que ello implique la transferencia de la titularidad de la licencia ni libere al titular de su responsabilidad frente al Estado. Esta posibilidad podría resultar particularmente útil, por ejemplo, en proyectos de recuperación y aprovechamiento de gas de venteo y de gas de quema, en los cuales la especialización técnica y la capacidad de ejecución de empresas de servicios especializados pueden resultar determinantes.

Una eventual reforma de la LOHG podría reconocer, junto a la licencia y sin desplazarla, contratos de operación o contratos de participación en la producción o en los resultados, siempre que la ley defina expresamente su naturaleza, sujetos habilitados, procedimiento de adjudicación, distribución de riesgos, forma de remuneración, control estatal y relación con la regalía y las demás cargas económicas. Estas figuras no deberían confundirse entre sí ni convertirse en una vía para eludir el régimen de licencias; su utilización tendría que responder a circunstancias objetivas del proyecto y quedar sujeta a autorización y motivación administrativa.

5. Participación económica del Estado

En la LOH, los artículos 55 a 59 concentran en un solo gravamen impuestos y cargas parafiscales que antes recaían separadamente sobre las actividades de hidrocarburos líquidos.[44]La LOHG no contiene una figura equivalente. Sin embargo, las condiciones particulares de las licencias gasíferas pueden establecer cargas sectoriales propias. Así, el artículo 44 de la Licencia del Campo Dragón[45] prevé una renta superficial anual sobre el área otorgada, excluidas las parcelas renunciadas, cuyo monto aumenta según el tiempo transcurrido y puede compensarse con determinadas regalías pagadas durante los doce meses anteriores.

La utilidad comparativa del impuesto integrado no consiste en reproducir la estructura fiscal de los hidrocarburos líquidos, sino en evaluar si los tributos y cargas parafiscales que recaigan específicamente sobre la actividad gasífera pueden concentrarse en un solo gravamen, con los requisitos y límites que se analizan en el capítulo IV.

6. Ventajas especiales

El artículo 38 de la LOH regula las denominadas ventajas especiales a favor de la República. Su relevancia radica en la ampliación de su contenido potencial: las ventajas especiales pueden comprender no solo prestaciones de carácter económico, sino también el empleo o la cesión de nuevas tecnologías, becas, entrenamiento técnico y otras actividades de desarrollo del factor humano, y la creación o el fortalecimiento de centros de estudios e investigación.[46]

La existencia de prestaciones adicionales en favor del Estado no constituye una institución enteramente ajena al régimen gasífero. En efecto, el artículo 24, numeral 5, de la LOHG prevé la posibilidad de incorporar contraprestaciones especiales dentro de las condiciones aplicables a las licencias, previsión desarrollada posteriormente por el artículo 22 del RLOHG. Así ocurre en la Licencia del Campo Dragón. La principal enseñanza de la reforma petrolera es la sistematización y ampliación de figuras que ya cuentan con antecedentes en el ordenamiento jurídico de los hidrocarburos; su desarrollo comparativo se examina en el apartado IV.4.

7. Criterios de diferenciación entre proyectos

Los numerales 42, 41 y 43 del artículo 2 del RLOH definen, respectivamente, los proyectos en campos sin desarrollar (Greenfield)[47], los proyectos en campos desarrollados (Brownfield)[48] y los proyectos costa afuera. Los artículos 43 y 46 vinculan esas categorías y las condiciones particulares de los proyectos con consecuencias regulatorias y económicas específicas. La experiencia del RLOH permite advertir que determinadas características objetivas de los proyectos pueden justificar tratamientos jurídicos diferenciados. La ley debería establecer los criterios generales y los límites de esa habilitación; el reglamento podría desarrollar los parámetros técnicos de calificación; y cada licencia aplicaría esos

parámetros a las condiciones concretas del proyecto. Su desarrollo para el régimen gasífero se examina en el apartado IV.3.

La principal novedad del RLOH consiste en atribuir rango normativo a las categorías de proyectos en campos sin desarrollar (Greenfield), proyectos en campos desarrollados (Brownfield) y proyectos costa afuera, y vincularlas con el procedimiento de determinación de regalías, impuesto integrado y demás consecuencias económicas[49]. Esta técnica se aparta de la práctica tradicional, conforme a la cual la condición de proyecto desarrollado o no desarrollado se determina en los contratos, acuerdos de operación o instrumentos particulares, atendiendo a la infraestructura disponible, el alcance del desarrollo y las condiciones económicas de cada proyecto. La cuestión relevante para la LOHG no es reproducir esas categorías, sino decidir si conviene establecer únicamente una habilitación general que permita reconocer diferencias objetivas entre proyectos y reservar su caracterización y sus efectos concretos al reglamento y a cada licencia.[50]

La LOHG no contiene una clasificación semejante, y esa ausencia no constituye necesariamente una deficiencia. La coexistencia de desarrollos terrestres, proyectos costa afuera, yacimientos previamente o no delimitados y proyectos con componentes transfronterizos demuestra la diversidad de la industria gasífera, pero no exige que cada supuesto se convierta en una categoría legal autónoma. Esto es especialmente relevante en los desarrollos costa afuera y en los proyectos con componentes transfronterizos.

En caso de reconocerse categorías diferenciadas en el régimen gasífero, sus consecuencias deberían estar expresamente delimitadas por la LOHG o su reglamento y guardar relación directa con la característica que justifica la clasificación. Entre ellas podrían encontrarse plazos, contenidos de los planes, garantías, reglas de abandono, acceso a infraestructura o criterios excepcionales para ajustar la participación económica estatal.

IV. LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA GASÍFERA
1. Fundamento de la participación económica del Estado

La determinación del régimen económico comprende la identificación de la regalía, las contraprestaciones especiales, los tributos y las demás cargas mediante las cuales se ordena la participación del Estado en el aprovechamiento del recurso.

La participación económica estatal ha sido históricamente uno de los elementos estructurales del derecho de los hidrocarburos. La titularidad pública de los yacimientos no se agota en la afirmación del dominio estatal sobre el recurso, sino que se proyecta también sobre los mecanismos mediante los cuales el Estado participa en los beneficios derivados de su aprovechamiento.

En el caso venezolano, la LOHG regula dicha participación fundamentalmente mediante la regalía prevista por la LOHG, las contraprestaciones especiales y la renta superficial asociadas a las licencias, y los tributos generales aplicables conforme al ordenamiento jurídico vigente.

La LOH y el RLOH mantuvieron el mismo objetivo general, pero adoptaron técnicas regulatorias distintas para estructurar la participación económica estatal. El análisis de esas diferencias permite comprobar, en un ámbito concreto, la hipótesis central de este trabajo: las instituciones incorporadas por esos instrumentos pueden ofrecer referencias útiles para la evolución del régimen gasífero sin desplazar la estructura fundamental adoptada por la LOHG.

2. La regalía en la LOHG

La principal manifestación de la participación económica de la República dentro del régimen gasífero se encuentra en la regalía prevista por el artículo 34 de la LOHG. Conforme a dicha disposición, la República tiene derecho a una participación equivalente al veinte por ciento (20 %) de los volúmenes de hidrocarburos gaseosos extraídos y no reinyectados.[51]

Desde una perspectiva jurídica, la regalía constituye una consecuencia directa de la titularidad estatal sobre los yacimientos. Como ha señalado Brewer-Carías, se trata de una institución vinculada al aprovechamiento de bienes pertenecientes al dominio público y no de una contraprestación contractual ordinaria;[52] por ello, su fundamento y exigibilidad no dependen exclusivamente de las condiciones negociadas en la licencia.

Uno de los rasgos más característicos del modelo adoptado por la LOHG es la uniformidad de la alícuota prevista por el legislador. La LOHG no distingue entre proyectos terrestres y costa afuera, áreas exploratorias o desarrolladas, ni entre distintas categorías de yacimientos.

Esta solución aporta simplicidad y previsibilidad regulatoria. Al mismo tiempo, refleja la opción legislativa adoptada en 1999 de estructurar un régimen relativamente homogéneo para la explotación del gas natural.

Una eventual actualización podría conservar esta alícuota uniforme como regla general y habilitar ajustes excepcionales únicamente cuando concurran circunstancias objetivas previstas por la ley, como la ubicación costa afuera, la magnitud y oportunidad de las inversiones, el riesgo exploratorio, la infraestructura requerida o la competitividad del proyecto. La decisión debería adoptarse mediante procedimiento motivado, con información técnica y económica verificable, límites legales y reglas sobre duración, revisión y publicidad, sin reconocer al licenciatario un derecho automático a la reducción.

3. Diferenciación de proyectos y participación económica estatal

Como se explicó en el capítulo III, la LOH y el RLOH incorporaron una técnica regulatoria basada en la diferenciación normativa de proyectos. La importancia de esta innovación no radica únicamente en la determinación de porcentajes de regalía o de otras cargas económicas. Lo verdaderamente relevante es que el ordenamiento convirtió categorías antes utilizadas principalmente como referencias técnicas o contractuales en criterios de calificación jurídica del proyecto, vinculados a consecuencias fiscales específicas. En este sentido, la tipificación deja de ser meramente descriptiva y pasa a operar como presupuesto normativo para la asignación de la regalía y del impuesto integrado de hidrocarburos.[53]

Desde esta perspectiva, la regalía prevista por el artículo 51 de la LOH forma parte de una lógica regulatoria más amplia, en la cual la participación económica del Estado se vincula a categorías previamente definidas por el ordenamiento.[54] Frente a la estructura uniforme de participación económica de la LOHG, la LOH y el RLOH diferencian proyectos y articulan sus consecuencias económicas. La cuestión no es qué técnica resulta superior, sino si la diversidad de proyectos gasíferos (terrestres, costa afuera, exploratorios, desarrollados o con componentes transfronterizos) justifica reconocer categorías regulatorias cuando de ellas deriven consecuencias jurídicas y económicas concretas.

4. Las contraprestaciones especiales y las ventajas especiales

El artículo 22 del RLOHG exige incluir las contraprestaciones especiales en las bases del proceso licitatorio de la licencia.[55] La LOH desarrolló una institución de alcance más amplio mediante las denominadas ventajas especiales, lo que evidencia una evolución en la forma de concebir la participación estatal. El artículo 38 de la LOH amplía el concepto tradicional de contraprestación al permitir ventajas de contenido económico, tecnológico, formativo o de investigación.

La Licencia del Campo Dragón muestra cómo las contraprestaciones especiales pueden concretar la participación económica estatal en función de las condiciones particulares del proyecto. Su artículo 45[56] establece una contraprestación del cinco por ciento calculada sobre los volúmenes de producción conforme a la valoración empleada para la regalía, dispone que la suma de impuestos, aportes, regalía y contraprestación especial no sea inferior al cuarenta y cinco por ciento de los ingresos brutos de las licenciatarias y precisa que el 5 % corresponde al pago por el valor de los activos existentes en el área otorgada.

La mejora normativa podría distinguir entre contraprestaciones económicas, tecnológicas, formativas, académicas e institucionales; exigir que cada una guarde relación con la naturaleza, escala y necesidades del proyecto; y evitar duplicaciones con regalías, tributos u obligaciones generales. La LOHG debería contener la habilitación, finalidad y límites de estas prestaciones; el RLOHG, los criterios de valoración, seguimiento y cumplimiento; y cada licencia, su cuantificación, cronograma e indicadores verificables.

5. Reflexiones sobre las regalías, tributos y demás cargas económicas

La principal enseñanza derivada de la LOH y del RLOH no se encuentra necesariamente en la creación de nuevas figuras tributarias, sino en la concepción integrada de la participación económica estatal. Los artículos 55 a 59 de la LOH evidencian una aproximación orientada a considerar conjuntamente regalías, tributos y demás mecanismos económicos aplicables a una actividad regulada.[57]En este sentido, el impuesto integrado de hidrocarburos refleja, más que por su configuración técnica, una visión sistemática de la participación económica del Estado.

La experiencia del impuesto integrado permite distinguir dos cuestiones diferentes. La primera es la eventual sustitución de impuestos y cargas parafiscales específicamente aplicables a la actividad gasífera por un único tributo, siempre que la ley identifique taxativamente los conceptos sustituidos y evite su acumulación. La segunda, independiente de la técnica tributaria empleada, es la evaluación consolidada de la regalía, los tributos, las contraprestaciones especiales y las demás cargas o beneficios económicos aplicables al proyecto.

La integración tributaria no debería comprender la regalía ni las contraprestaciones especiales, pues estas figuras responden, respectivamente, a la titularidad pública del recurso y a las condiciones económicas particulares de la licencia. La Ley tendría que identificar

taxativamente los tributos sustituidos, definir el hecho imponible, la base, la alícuota y los mecanismos de declaración y pago, y establecer reglas de transición que impidan superposiciones o doble imposición.

Aun si se adopta un impuesto integrado para la actividad gasífera, la LOHG debería establecer que, antes del otorgamiento o de la modificación sustancial de una licencia, se identifique de manera consolidada la regalía, el impuesto integrado, las contraprestaciones especiales y cualquier otra carga o beneficio económico aplicable al proyecto. El RLOHG podría definir la información mínima, la metodología de cálculo y los supuestos de actualización de esa evaluación, con el objeto de mostrar con claridad la participación económica total del Estado y verificar la sostenibilidad del proyecto.

6. Consideraciones finales

La comparación entre la LOHG y la LOH y el RLOH demuestra que la participación económica del Estado puede estructurarse mediante técnicas diversas sin alterar la titularidad pública del recurso. Su aporte no consiste en sustituir el modelo adoptado por la LOHG ni en trasladar automáticamente las figuras de la LOH y del RLOH, sino en identificar técnicas que podrían mejorar la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad del régimen económico: mantener la regalía uniforme como regla general; permitir ajustes excepcionales debidamente motivados; definir con mayor claridad la naturaleza y los límites de las contraprestaciones; integrar en un solo impuesto los tributos sectoriales que puedan ser sustituidos sin superposición; evaluar conjuntamente la carga económica total del proyecto; y vincular cualquier diferenciación regulatoria con consecuencias objetivas expresamente previstas.

V. CONCLUSIONES E IDEAS PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS

La experiencia acumulada durante más de dos décadas de aplicación permite sostener que las instituciones fundamentales incorporadas por el legislador continúan proporcionando una base jurídica apta para el desarrollo de las actividades reguladas por la LOHG, sin que esa continuidad excluya la necesidad de valorar los resultados, la evolución y las condiciones particulares de los proyectos desarrollados bajo su amparo. La continuidad del régimen de licencias y la diversidad de proyectos desarrollados bajo su amparo constituyen, en todo caso, indicios relevantes de esa vigencia práctica.

La comparación con la LOH y el RLOH de 2026 no revela una ausencia absoluta de regulación en el régimen gasífero. La LOHG y el RLOHG ya contienen antecedentes normativos relevantes en materia de arbitraje y protección de la viabilidad económica en supuestos específicos; la práctica de las licencias ha desarrollado mecanismos adicionales adaptados a proyectos concretos. El artículo 74[58] de la Licencia del Campo Dragón constituye un ejemplo de esa evolución administrativa al prever medidas de estabilización frente a cambios legislativos que afecten de manera negativa y demostrada las condiciones

económicas del proyecto. La diferencia con la LOH y el RLOH se encuentra, según la materia, en el alcance general, la sistematicidad o la precisión de las soluciones.

Por su parte, el análisis de la participación económica del Estado permitió advertir que la legislación gasífera descansa fundamentalmente sobre una regalía uniforme y sobre contraprestaciones especiales asociadas a las licencias, mientras que la LOH y el RLOH incorporaron la diferenciación regulatoria de proyectos, las ventajas especiales y la articulación integrada de cargas económicas. La principal enseñanza de la comparación consiste en distinguir entre reglas que ya poseen alcance general, desarrollos reglamentarios o administrativos fragmentarios y soluciones que deben permanecer vinculadas a las particularidades de cada proyecto, incluida la experiencia del Campo Dragón.

En consecuencia, una eventual reforma no debería sustituir el modelo gasífero de 1999 ni trasladar automáticamente las soluciones de la LOH y del RLOH. Debería conservar la licencia como título habilitante general, reconocer con alcance común las garantías cuya utilidad haya sido demostrada y mantener en cada licencia la adaptación técnica, económica y operativa exigida por el proyecto.

La necesidad de atraer inversión nacional y extranjera constituye, además, una justificación autónoma de la actualización del régimen gasífero. Las oportunidades de participación privada solo podrán traducirse en proyectos sostenibles si cuentan con títulos habilitantes claros, procedimientos previsibles, una asignación transparente de riesgos, condiciones de remuneración efectivas y mecanismos confiables de cumplimiento y solución de controversias. La reforma debería valorarse también por su capacidad para facilitar el financiamiento y la ejecución de los proyectos, preservando la titularidad pública del recurso, la protección ambiental y los objetivos de desarrollo nacional.

Con base en estas conclusiones, las ideas siguientes traducen los resultados del análisis en opciones normativas concretas. Las ideas 1 a 8 se apoyan principalmente en la comparación con instituciones incorporadas o sistematizadas por la LOH y el RLOH de 2026 y en sus antecedentes dentro del régimen gasífero. Las ideas 9 a 12 responden, en cambio, a cuestiones identificadas a partir de la experiencia regulatoria y práctica del propio sector, como la autonomía del regulador, el precio del gas metano destinado al mercado interno, la cadena de valor y la política de subsidios, la separación de actividades y la exclusividad en el transporte, y el gas natural licuado. Esta separación permite reconocer el distinto fundamento de las propuestas y evita atribuir a la reforma de los hidrocarburos líquidos conclusiones que no derivan directamente de ella.

  1. Principios regulatorios. El artículo 1 de la LOH (soberanía energética, dominio público de los yacimientos, maximización progresiva de la renta, seguridad jurídica, transparencia contractual, rendición de cuentas, protección ambiental y adecuación a la transición energética) y los artículos 3 y 4 del RLOH (legalidad, cooperación, buena fe, intercambio técnico de información, resolución temprana de controversias y estándares de motivación, proporcionalidad y razonabilidad) enuncian principios que la LOHG no formula como estándares de actuación administrativa: sus artículos 3 y 7 solo recogen fines sectoriales (aprovechamiento eficiente del recurso, industrialización, desarrollo nacional, preservación ambiental y participación nacional). No todos tienen la misma proyección en el régimen gasífero. El dominio público de los yacimientos y la protección ambiental ya figuran en la LOHG; la soberanía energética y la maximización progresiva de la renta no, por lo que su incorporación debería valorarse con cautela frente a la seguridad jurídica y la preservación de la economía del proyecto. La reforma podría incorporarlos como criterios de interpretación y aplicación de licencias, permisos y decisiones regulatorias, con una doble utilidad: estándar de revisión de las decisiones del Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos e integración de los vacíos de licencias de larga duración. La LOHG fijaría los principios y su carácter vinculante; el RLOHG, su alcance procedimental (deberes de motivación, de sustentación técnica y de publicidad de las decisiones); y cada licencia, su aplicación al proyecto. Esta incorporación no limitaría las potestades del Estado ni garantizaría   la inmutabilidad normativa, sino que ordenaría su ejercicio.[59]
  2. Preservación de la economía del proyecto. El artículo 48 del RLOHG protege la viabilidad económica de las licencias anteriores frente a cambios en la metodología   de precios utilizada para calcular la regalía. El artículo 74 de la Licencia del Campo Dragón desarrolla esta protección con mayor amplitud, al prever medidas de estabilización cuando nuevas leyes o modificaciones legislativas afecten de manera negativa y demostrada las condiciones económicas del proyecto. Los artículos 26 de la LOH y 5 del RLOH sistematizan con alcance general la preservación del equilibrio económico-financiero. Una reforma de la LOHG podría reconocer esta garantía frente a cambios regulatorios que produzcan una afectación negativa y sustancial, sin impedir el ejercicio de las potestades del Estado, y reservar a cada licencia la definición de los mecanismos de ajuste aplicables al proyecto.[60]
  3. Solución de controversias. Los artículos 8 de la LOH y 107 del RLOH sistematizan     con alcance general los mecanismos alternativos de resolución de controversias, entre ellos la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje, conforme a los lineamientos que dicten el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos y    la Procuraduría General de la República. En el régimen gasífero, el artículo 24, numeral 6, literal b), de la LOHG y el artículo 19 del RLOHG reconocen la solución amistosa y el arbitraje, y el artículo 59[61] de la Licencia del Campo Dragón los desarrolla mediante el arbitraje de derecho y la intervención alternativa de un Experto Independiente. Una reforma de la LOHG podría establecer un marco general de mecanismos alternativos, con la salvedad de las potestades públicas indelegables del Estado; el RLOHG, fijar los contenidos mínimos del procedimiento; y cada licencia, definir el mecanismo aplicable al proyecto, el alcance del Experto Independiente y los recursos admisibles.[62]
  4. Contratos complementarios a la licencia. La LOHG utiliza la licencia como    mecanismo general para la exploración y explotación de gas no asociado. El artículo 36 de la LOH y el artículo 27 del RLOH regulan la gestión técnica y operativa por el accionista privado minoritario de empresas mixtas; el artículo 23, numeral 3, y los       artículos 40 a 43 de la LOH, junto con los artículos 12 y 14 del RLOH, permiten la ejecución contractual de actividades primarias por empresas privadas domiciliadas en Venezuela. Sin sustituir la licencia, la reforma podría habilitar contratos de operación o de participación en la producción o en los resultados, definiendo su naturaleza, sujetos, adjudicación, riesgos, remuneración, control estatal y relación con la regalía y las demás cargas económicas.[63]
  5. Ajustes excepcionales de la regalía. El artículo 34 de la LOHG establece una regalía   uniforme del veinte por ciento. El artículo 51 de la LOH y los artículos 43 y 46 del RLOH permiten considerar las características y condiciones del proyecto al determinar la participación económica estatal. La reforma podría conservar la alícuota uniforme como regla general y autorizar ajustes excepcionales únicamente para supuestos objetivos definidos por la ley, como la ubicación costa afuera, el riesgo exploratorio o la magnitud y oportunidad de las inversiones, mediante decisión motivada, temporal y revisable, sin reconocer un derecho automático a la reducción ni convertir las categorías Greenfield, Brownfield o costa afuera en presupuestos legales rígidos.[64]
  6. Integración de cargas sectoriales. Los artículos 55 a 59 de la LOH concentran en un solo gravamen impuestos y cargas parafiscales aplicables a las actividades de    hidrocarburos líquidos. Aunque la LOHG no contiene una figura equivalente, las licencias gasíferas pueden establecer cargas sectoriales propias. Así, el artículo 44 de la Licencia del Campo Dragón[65] prevé una renta superficial anual sobre el área otorgada, susceptible de compensación con determinadas regalías pagadas. Una reforma podría evaluar la integración en un solo gravamen de los tributos y cargas    parafiscales que recaigan específicamente sobre la actividad gasífera, identificando de forma taxativa los conceptos sustituidos y excluyendo la regalía y las contraprestaciones especiales. Con independencia de que se adopte ese gravamen, la LOHG podría exigir una evaluación consolidada de la regalía, los tributos, las contraprestaciones especiales y demás cargas antes del otorgamiento o de la modificación sustancial de una licencia, y el RLOHG definir su información mínima y su metodología.[66]
  7. Contraprestaciones especiales. El artículo 24, numeral 5, de la LOHG y el artículo       22 del RLOHG permiten incluir contraprestaciones especiales en las licencias. El artículo 38 de la LOH amplía su posible contenido a prestaciones económicas, tecnológicas, formativas y de investigación. La reforma podría definir estas modalidades, su finalidad y sus límites, exigir proporcionalidad con la naturaleza y escala del proyecto, evitar duplicaciones con regalías, tributos u obligaciones generales y reservar a cada licencia su cuantificación, cronograma e indicadores de cumplimiento. La LOHG establecería la habilitación, la finalidad y los límites de estas prestaciones; el RLOHG, los criterios de valoración, seguimiento y cumplimiento; y cada licencia, su concreción, como ocurre con el artículo 45 de la       Licencia del Campo Dragón.[67]
  8. Diferenciación de proyectos. Los numerales 42, 41 y 43 del artículo 2 del RLOH definen proyectos en campos sin desarrollar, proyectos en campos desarrollados y proyectos costa afuera, y les atribuyen consecuencias regulatorias y económicas. La   LOHG no contiene categorías equivalentes, y esa ausencia no constituye necesariamente una deficiencia. La reforma podría habilitar tratamientos   diferenciados cuando una característica objetiva del proyecto justifique una consecuencia jurídica previamente definida, reservando al reglamento y a cada licencia la caracterización técnica y sus efectos concretos. La condición costa afuera podría justificar reglas específicas sobre plazos, infraestructura, garantías, abandono o economía del proyecto, sin convertirse por sí sola en una categoría legal autónoma.[68]
  9. Autonomía del regulador. La LOHG atribuye al Ente Nacional del Gas “autonomía funcional”, pero lo adscribe al Ministerio con competencia en la materia (artículo 36): los cinco miembros del Directorio son designados por el Ministro de Hidrocarburos, previa consulta con el Presidente de la República (artículo 39), y sus atribuciones consisten, en general, en promover, supervisar y proponer al MH, que decide (artículo 37). El MH conserva la determinación de los precios, la fijación conjunta de las tarifas, el otorgamiento de licencias y permisos, la fiscalización y las sanciones (artículos 6, 12 y 51), y ejerce además las funciones del Ente mientras este no entre en funcionamiento (artículo 55).[69] Así, una misma autoridad formula la política energética, regula, otorga los títulos, fija precios y tarifas, y fiscaliza y sanciona, con frecuencia respecto de empresas del propio Estado que operan en el sector. Aunque esta materia no deriva de la LOH ni del RLOH de 2026, la reforma podría configurar al Ente como un órgano independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, designación transparente de sus directores con criterios de idoneidad, períodos fijos con causales taxativas de remoción, régimen estricto de incompatibilidades, financiamiento estable, potestad normativa técnica y decisiones motivadas, públicas y revisables judicialmente, dejando al Ministerio la formulación de la política y la planificación del sector. Un esquema equivalente podría examinarse para los hidrocarburos líquidos, donde la política, la regulación, el otorgamiento de títulos y la fiscalización, junto con la participación empresarial de PDVSA y sus filiales, también se concentran en el Ejecutivo Nacional, mediante un regulador independiente de hidrocarburos o un regulador energético único con unidades especializadas para líquidos y gas, lo que facilitaría coordinar las zonas de contacto entre ambos regímenes (gas asociado, condensados e infraestructura compartida). Esta separación entre el Estado propietario y empresario y el Estado regulador reforzaría, además, la credibilidad de las garantías de equilibrio económico y de solución de controversias analizadas en este trabajo.
  10. Precio del gas metano destinado al mercado interno, cadena de valor y política de subsidios. Las Resoluciones números 020 y 019 del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 42.702, de 29 de agosto de 2023, regulan el precio del gas metano y las tarifas de transporte y distribución. Dado que las inversiones se realizan principalmente en divisas y la remuneración puede efectuarse en bolívares, el productor queda expuesto a riesgos de conversión, oportunidad de pago y pérdida de valor que pueden afectar la recuperación de la inversión y la continuidad del suministro. Por ello, podrían preverse mecanismos que preserven el valor económico de la producción. Cuando PDVSA o sus filiales actúen como compradores, la regulación podría contemplar garantías de pago, compensación y consecuencias efectivas frente al incumplimiento. Una reforma podría examinar conjuntamente la producción, la compra, el transporte, la distribución y el suministro final, e identificar en qué eslabón se origina y quién financia cualquier reducción del precio al consumidor. Toda reducción del precio al consumidor podría configurarse como un subsidio explícito, focalizado, temporal y transparente, financiado mediante mecanismos presupuestarios o compensatorios, sin trasladar al productor el costo de esa política mediante precios insuficientes, pérdida cambiaria o mora.
  11. Separación de actividades y exclusividad en el transporte. El artículo 9 de la LOHG prohíbe que una misma persona ejerza o controle simultáneamente en una región dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución, salvo autorización del Ministerio cuando la viabilidad del proyecto lo requiera, con contabilidades separadas. Los artículos 4 a 6 del RLOHG precisan la noción de control y exigen probar que el proyecto solo es viable con integración vertical.
    Además, el artículo 61 del RLOHG otorga al titular del permiso de transporte el derecho a prestar el servicio de manera exclusiva durante cinco años en un sistema específico, y el artículo 62 somete el otorgamiento a licitación, con adjudicación directa excepcional. Estas reglas respondieron a la apertura del mercado y a la competencia, pero pueden resultar rígidas frente a proyectos integrados, desarrollos costa afuera o infraestructura dedicada. La reforma podría revisar el alcance regional de la prohibición, definir con criterios objetivos las excepciones y sus condiciones (contabilidad separada, acceso abierto y no discriminación, conforme al artículo 10 de la LOHG), y precisar el alcance y la duración de la exclusividad del transportista, de modo que no impida que otros agentes privados presten servicios de transporte en la misma zona cuando exista capacidad o necesidad demostrada.[70]
  12. Gas natural licuado y otros medios de transporte. La LOHG comprende en su artículo 2 el procesamiento, transporte, distribución y comercio exterior de los hidrocarburos gaseosos y no establece límites expresos al desarrollo del gas natural licuado (GNL). Sin embargo, el RLOHG define el transporte y los sistemas de transporte en función de gasoductos, plantas, compresores e instalaciones para la transmisión del gas (artículos 2 y 51), y no existe regulación reglamentaria ni resoluciones técnicas sobre licuefacción, almacenamiento criogénico, regasificación, transporte marítimo o terrestre de GNL. Esta ausencia de normativa secundaria genera incertidumbre sobre el título habilitante aplicable, las tarifas, el acceso de terceros, la seguridad y la relación con la regalía y la exportación. La reforma podría reconocer expresamente el GNL y otros medios alternativos de transporte (buques metaneros, cisternas, gas natural comprimido) como actividades comprendidas en la LOHG, ampliar la noción de transporte más allá del gasoducto, habilitar su desarrollo mediante licencias o permisos, y remitir al RLOHG y a normas técnicas los estándares de seguridad, calidad, medición, tarifas y acceso a las instalaciones, incluidas las terminales de licuefacción y regasificación.[71]

REFERENCIAS

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[1] Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 36.793 del 23 de septiembre de 1999.

[2] Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.° 5.471 Extraordinario, de 5 de junio de 2000.

[3] Publicadas en la Gaceta Oficial No. 37.266 de fecha 22 de agosto de 2001, donde en la Licencias y en el artículo 1 de las Condiciones Generales de la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados en las Áreas Yucal Placer Norte y Yucal Placer Sur se describen las actividades autorizadas a las Licenciatarias.

[4] Publicadas en la Gaceta Oficial No. 37.266 de fecha 22 de agosto de 2001, donde en la Licencias y en el artículo 1 de las Condiciones Generales de la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados en las Áreas Barrancas, Tiznado, Barbacoas y Tinaco se describen las actividades autorizadas a las Licenciatarias.

[5] Publicadas en la Gaceta Oficial No. 37.577 de fecha 25 de noviembre de 2002.

[6] Publicadas en la Gaceta Oficial No. 37.641 de fecha 27 de febrero de 2003.

[7] Publicadas en la Gaceta Oficial No. 37.996 de fecha 06 de agosto de 2004.

[8] Publicadas en la Gaceta Oficial No. 38.304 de fecha 01 de noviembre de 2005.

[9] Publicada en la Gaceta Oficial No. 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006.

[10] Publicada en la Gaceta Oficial No. 38.380 de fecha 15 de febrero de 2006.

[11] Resolución N.° 198, de 18 de diciembre de 2017, mediante la cual el Ministerio del Poder Popular de Petróleo otorgó a Grupo Rosneft, C.A. la Licencia de Exploración y Explotación de Gas No Asociado de los campos Patao y Mejillones del área Mariscal Sucre, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.302 de la misma fecha; reformada mediante la Resolución N.° 20, de 29 de abril de 2020, publicada en la Gaceta Oficial N.° 6.533 Extraordinario, de 30 de abril de 2020.

[12] Resolución mediante la cual se otorga directamente y de forma indivisible la Licencia de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados del campo Dragón, perteneciente al área Mariscal Sucre, a NGC Exploration and Production Limited y Shell Venezuela, S.A., Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.793 Extraordinario, de 29 de enero de 2024.

[13] Resolución mediante la cual se dicta la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados del campo Cocuina de la Plataforma Deltana, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.826 Extraordinario, de 29 de julio de 2024.

[14] Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.978 Extraordinario, de 29 de enero de 2026.

[15] Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 7.052 Extraordinario, de 7 de julio de 2026.

[16] Infobae, Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno, Infobae, 12 de marzo de 2026, disponible en: https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/12/venezuela-firmo-un-acuerdo-con-repsol-para-impulsar-la-produccion-de-gas-y-asegurar-el-abastecimiento-interno/ (consultado el 15 de noviembre de 2026).

[17] Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, Presidenta Delcy Rodríguez lidera firma de acuerdos energéticos con consorcios internacionales, comunicado oficial, 13 de agosto de 2026, disponible en: https://www.minhidrocarburos.gob.ve/presidenta-delcy-rodriguez-lidera-firma-de-acuerdos-energeticos-con-consorcios-internacionales/ (consultado el 1 de noviembre de 2026).

[18] Prensa Presidencial, Gobierno Nacional impulsa proceso de valoración de activos estatales para oferta o restitución al sector privado, comunicado oficial, 29 de octubre de 2026, disponible en: https://prensapresidencialvenezuela.gob.ve/index.php/2026/10/29/gobierno-nacional-impulsa-proceso-de-valoracion-de-activos-estatales-para-oferta-o-restitucion-al-sector-privado/ (consultado el 1 de noviembre de 2026).

[19] LOHG, art. 2: las actividades de exploración “en busca de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados y la explotación de tales yacimientos; así como la recolección, almacenamiento y utilización […] el procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior de dichos gases, se rigen por la presente Ley”.

[20] Diógenes Bermúdez, Régimen jurídico de los hidrocarburos gaseosos en Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2007, pp. 133-144.

[21] LOHG, art. 1: los yacimientos de hidrocarburos gaseosos “pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles”. Art. 22: esas actividades pueden ser realizadas por el Estado, por entes de su propiedad o “por personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la participación del Estado”, y las de personas privadas “requerirán licencia o permiso, según el caso”.

[22] LOHG, art. 24: la licencia debe incluir la descripción del proyecto y el destino de los hidrocarburos, una duración máxima de treinta y cinco años prorrogable por un lapso no mayor de treinta, un plazo máximo de cinco años para la exploración, la delimitación del área y las contraprestaciones especiales, y se tienen como insertas las cláusulas de reversión y de solución de controversias. Art. 25: las licencias confieren el derecho de exploración y explotación; esos derechos “no son gravables ni ejecutables”.

[23] Hernández, J. I. (2002). Reflexiones sobre la nueva ordenación de los hidrocarburos gaseosos en Venezuela. En Temas de derecho administrativo: Libro homenaje a Gonzalo Pérez Luciani (Vol. I). Tribunal Supremo de Justicia, pp. 955-956.

[24] Bermúdez (2007, pp. 133–144).

[25] Inepetrol, Trayectoria, sitio web institucional, s. f., disponible en: https://inepetrol.com/company/trayectoria/ (consultado el 8 de octubre de 2026).

[26] Europa Press, Repsol YPF invierte más de 300 millones en Venezuela en Bloque Barrancas y en una central de 450 MW, Europa Press, 9 de enero de 2005, disponible en: https://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-repsol-ypf-invierte-mas-300-millones-venezuela-bloque-barrancas-central-450-mw-20050109122131.html (consultado el 8 de octubre de 2026).

[27] Oil & Gas Journal, Venezuela formally issues exploration licenses for six gas-prone blocks, Oil & Gas Journal, 16 de agosto de 2001, disponible en: https://www.ogj.com/exploration-development/article/17260610/venezuela-formally-issues-exploration-licenses-for-six-gas-prone-blocks (consultado el 8 de octubre de 2026).

[28] Miguel I. Rivero Betancourt, “Regulación del gas en Venezuela”, en Castillo, Luis Ferney Moreno, e Iñigo del Guayo Castiella, I. del G. (2021). Los mercados de gas y su regulación en Iberoamérica. Universidad Externado.

[29] LOH, art. 1: la ley tiene por objeto regular todo lo relativo a la exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, industrialización, comercialización, conservación y aprovechamiento integral de los hidrocarburos “bajo los principios de soberanía energética, dominio público de los yacimientos, maximización progresiva de la renta, seguridad jurídica, transparencia contractual, rendición de cuentas, protección ambiental y adecuación a la transición energética”.

[30] RLOH, art. 3: la aplicación del reglamento se rige por los principios de legalidad y jerarquía normativa, y las relaciones entre la República y quienes ejercen las actividades por los de cooperación, transparencia contractual, buena fe, seguridad jurídica, rendición de cuentas y protección ambiental, “promoviendo el cumplimiento voluntario, el intercambio técnico de información y la resolución temprana de controversias”. Art. 4: la función regulatoria se ejerce con “criterios de motivación, proporcionalidad y razonabilidad”.

[31] LOHG, art. 3: las actividades se dirigen “primordialmente al desarrollo nacional, mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente” de los hidrocarburos gaseosos, como combustibles para uso doméstico o industrial y como materia prima para su industrialización, y se realizan atendiendo a “la defensa y uso racional del recurso y a la conservación, protección y preservación del ambiente”. Art. 7: el Ejecutivo Nacional dictará medidas que propicien “la formación y la participación de capital nacional” y la concurrencia de bienes y servicios de origen nacional. RLOHG, art. 3: quienes realicen las actividades deben propiciar la mayor participación de la gerencia y del personal nacional y lograr una eficaz transferencia de tecnología.

[32] LOH, art. 26: los contratos de las empresas operadoras “mantendrán los equilibrios económicos financieros originalmente acordados”; ante modificaciones del marco legal, fiscal, regulatorio o contractual que afecten “de manera negativa y sustancial la economía del proyecto”, el Ministerio realiza los ajustes necesarios “mediante la modificación de regalías, tributos, tarifas, plazos contractuales, condiciones económicas o mecanismos de compensación”.

[33] RLOH, art. 5: toda actuación administrativa, general o particular, “deberá procurar el sostenimiento y no alteración del equilibrio económico-financiero”; si se produce una alteración negativa y sustancial, “deberán establecerse los ajustes necesarios para restablecer dicho equilibrio”.

[34] RLOHG, art. 48: para el cálculo de la regalía, el Ejecutivo Nacional puede establecer por resolución metodologías distintas de las previstas, pero “en todo caso, dichos cambios no podrán afectar la viabilidad económica de los proyectos relativos a las licencias otorgadas con anterioridad a la fecha de las referidas Resoluciones”.

[35] Licencia Dragón, art. 74.

[36] Licencia Dragón, art. 74 (Estabilización): “En caso de ocurrir la promulgación de nuevas leyes o que ocurran actualizaciones de las leyes existentes dentro de la República Bolivariana de Venezuela, que afecten de manera negativa y demostrada las condiciones económicas del proyecto, este Ministerio, a petición de las Licenciatarias, tomará las medidas necesarias para viabilizar o actualizar el plan de desarrollo que a cuyos efectos se hubiere aprobado, contribuyendo así a la estabilización macroeconómica del proyecto y no desmejorar las condiciones en las que fue aprobado”.

[37] LOH, art. 8: en los contratos para las actividades reguladas, las partes podrán acordar que las dudas y controversias que no puedan resolverse amigablemente sean decididas por los tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, “incluyendo mediación y arbitraje”. El Ministerio, en consulta con la Procuraduría General de la República, fija los lineamientos generales de las cláusulas, las cuales, si se ajustan a ellos, no requieren la opinión o autorización prevista en la normativa de la Procuraduría General de la República ni en la Ley de Arbitraje Comercial.

[38] RLOH, art. 107: las dudas y controversias que surjan en la ejecución de los contratos y que no puedan resolverse de mutuo y amistoso acuerdo “podrán ser sometidas a la decisión de los Tribunales competentes de la República o mediante los mecanismos alternativos de resolución de controversias como la mediación, conciliación, negociación y el arbitraje”, conforme a los lineamientos que dicte el Ministerio junto con la Procuraduría General de la República.

[39] LOHG, art. 24, num. 6, lit. b): se consideran insertas en la licencia las cláusulas según las cuales “las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la licencia y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido el arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”.

[40] RLOHG, art. 19: “Las dudas y controversias, relacionadas con la licencia o permiso, sometidas al procedimiento amistoso de arbitraje, al cual se refiere el artículo 24, literal b), numeral 6° de la Ley, quedarán definitivamente resueltas mediante dicho procedimiento si así lo acordaren las partes”.

[41] LOH, art. 36: el Ministerio puede autorizar al accionista minoritario de la empresa mixta a comercializar directamente la producción, abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción y “ejercer la gestión técnica y operativa de la empresa mixta, directamente o mediante un prestador de servicios especializados”, previa verificación de su idoneidad y capacidad. RLOH, art. 27: exige la solicitud previa de autorización al Ministerio, acompañada de los acuerdos de operación suscritos con el accionista mayoritario.

[42] Herrera Celis, S. (2026). Nociones fundamentales sobre petróleo, gas natural y energía: ensayos introductorios. Universidad Monteávila, capítulo LII (“La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana y las nuevas regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”), apartado “La gestión directa y los contratos de servicios operativos a ser celebrados por las empresas mixtas”, pp. 513-514.

[43] LOH, art. 23, num. 3: las empresas privadas domiciliadas en Venezuela pueden realizar actividades primarias “en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales”. Art. 40: asumen la gestión integral a su exclusivo costo, cuenta y riesgo, con un plan de negocio aprobado, y la República conserva la propiedad de los yacimientos. Art. 41: su retribución consiste en una participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados u otra forma de participación en los beneficios. Art. 42: pueden recibir el derecho de uso de activos y del área operacional, con una contraprestación en un porcentaje del volumen fiscalizado. Art. 43: al concluir el contrato restituyen los activos y transfieren los bienes y datos sin indemnización. RLOH, art. 12: la solicitud se presenta ante el Ministerio con el plan de negocios, la memoria descriptiva y los estudios de prospectividad; art. 14: el Ministerio evalúa la solicitud y el plan de negocios y otorga los derechos.

[44] LOH, art. 55: impuesto integrado de hidrocarburos sobre los ingresos brutos devengados mensualmente, sin deducciones salvo devoluciones, descuentos incondicionales y reintegros por errores o pagos indebidos. Art. 56: alícuota de hasta quince por ciento (15 %). Art. 57: determinación y anticipo mensuales, liquidación anual, exigible en especie o en dinero. Art. 58: posible reducción de la alícuota del impuesto sobre la renta para garantizar el equilibrio económico del proyecto. Art. 59: exención de determinados impuestos y contribuciones especiales (grandes patrimonios, ciencia y tecnología, deporte, drogas y pensiones) y de tributos estadales o municipales.

[45] Licencia Dragón, art. 44.

[46] LOH, art. 38: se podrán acordar “ventajas especiales a favor de la República, tales como una contraprestación económica por el acceso a las reservas de hidrocarburos, el empleo o cesión de nuevas y avanzadas tecnologías, el otorgamiento de becas, oportunidades de entrenamiento técnico u otras actividades de desarrollo del factor humano y la creación o fortalecimiento de centros de estudios e investigación en materias de hidrocarburos”.

[47] RLOH, art. 42: las empresas operadoras de hidrocarburos líquidos y de gas asociado están sujetas al pago de la regalía y del impuesto integrado. Art. 43: el Ministerio tipifica el proyecto y asigna la “alícuota agregada” (regalía más impuesto integrado): campos sin desarrollar (Greenfield), 20 %; campos de petróleo extrapesado, 25 %; campos desarrollados (Brownfield) sin producción, 30 %; campos desarrollados con producción, 35 %; los proyectos costa afuera, hasta cinco por ciento (5 %) menos. Art. 46: ante modificaciones que afecten negativa o sustancialmente la economía del proyecto, la empresa operadora puede solicitar, con evaluación técnico-económica motivada, la reducción de las alícuotas.

[48] Véase Rivero Betancourt, M. I. (2026, 17 de agosto). La diferenciación jurídica entre proyectos Greenfield y Brownfield en Venezuela: los presupuestos de calificación del proyecto Greenfield en el numeral 42 del artículo 2 del Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026. Perspectivas LEĜA.

[49] RLOH, art. 2: num. 41, Proyecto en Campos Desarrollados (Brownfield): proyecto “que se lleva a cabo en un yacimiento o área que ya cuenta con infraestructura existente”; num. 42, Proyecto en Campos sin Desarrollar (Greenfield): proyecto de desarrollo “que se realiza en un área completamente nueva”, que incluye los de infraestructura preexistente limitada; num. 43, Proyecto en Costa Afuera: el de actividades “en ambientes marinos”, incluidos los proyectos sublacustres. Para las alícuotas del artículo 43, véase supra, III.7.

[50] Rivero Betancourt (2026, pp. 5–7).

[51] LOHG, art. 34: “De los volúmenes de hidrocarburos gaseosos extraídos de cualquier yacimiento, y no reinyectados, el Estado tiene derecho a una participación de veinte por ciento (20%) como regalía”. El parágrafo primero permite exigirla en especie o en dinero, total o parcialmente.

[52] Allan R. Brewer-Carías, Derecho administrativo, t. II, Universidad Externado de Colombia y Universidad Central de Venezuela, 2005.

[53] Véase Rivero Betancourt (2026).

[54] LOH, art. 51: el Estado tiene derecho a una participación “de hasta treinta por ciento (30%) como regalía”. El Ejecutivo Nacional determina el porcentaje aplicable a cada proyecto “tomando en cuenta la naturaleza del proyecto; los requerimientos de inversiones de capital; la economicidad del proyecto; y la necesidad de asegurar la competitividad internacional”, y puede modificarlo, dentro del límite legal, cuando resulte necesario para garantizar el equilibrio económico del proyecto.

[55] RLOHG, art. 22: “Las contraprestaciones especiales a las cuales aspira la República deberán incluirse en las bases del proceso licitatorio para el otorgamiento de la licencia”. LOHG, art. 24, num. 5: la licencia debe contener la “indicación de las contraprestaciones especiales que se estipulen a favor de la República”.

[56] Licencia Dragón, art. 45.

[57] LOH, art. 55: las personas jurídicas, públicas o privadas, que realicen las actividades de la ley pagan el impuesto integrado de hidrocarburos, sobre el total de los ingresos brutos devengados mensualmente, sin deducciones salvo devoluciones, descuentos incondicionales pactados al momento de la operación y reintegros por errores de facturación o pagos indebidos. Art. 56: alícuota “de hasta quince por ciento (15%)”. Art. 57: el impuesto se determina y anticipa mensualmente y se liquida anualmente, y puede ser exigido en especie o en dinero, total o parcialmente. Art. 58: el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio con competencia en finanzas, puede reducir la alícuota del impuesto sobre la renta cuando resulte necesario para garantizar el equilibrio económico del proyecto. Art. 59: exención de los impuestos y contribuciones especiales allí enumerados y no sujeción a tributos estadales o municipales.

[58] Licencia Dragón, art. 74.

[59] Véase supra, III.1.

[60] Véase supra, III.2.

[61] Licencia Dragón, arts. 58 y 59.

[62] Véase supra, III.3.

[63] Véase supra, III.4.

[64] Véase supra, IV.2 y IV.3.

[65] Licencia Dragón, art. 44.

[66] Véase supra, III.5 y IV.5.

[67] Véase supra, III.6 y IV.4.

[68] Véase supra, III.7 y IV.6.

[69] LOHG, art. 36: el Ente Nacional del Gas se crea “con autonomía funcional, adscrito al Ministerio de Energía y Minas”. Art. 37: entre sus atribuciones están promover y supervisar el desarrollo de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, y proponer al Ministerio, para su aprobación, regiones de distribución, condiciones de calificación de empresas y tarifas. Art. 39: un Directorio de cinco miembros “designados todos por el Ministro de Energía y Minas, previa consulta con el Presidente de la República”. Art. 55: hasta que el Ente entre en funcionamiento, sus atribuciones son ejercidas por el Ministerio. Art. 6: el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio, ejerce la competencia nacional y puede “planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar”. Art. 51: multa de cien a diez mil unidades tributarias o suspensión de actividades hasta por seis meses, impuesta por el Ministerio.

[70] LOHG, art. 9: una misma persona “no puede ejercer ni controlar simultáneamente en una región, dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución”; el Ministerio puede autorizarlo cuando la viabilidad del proyecto lo requiera, con contabilidades separadas. Art. 10: los transportistas deben permitir el uso de sus instalaciones cuando tengan capacidad disponible. RLOHG, art. 4: hay control cuando se tiene capacidad de decidir “positiva o negativamente” sobre la actividad de otro o se recibe más del cincuenta por ciento de sus beneficios. Art. 5: separación de la contabilidad como unidades de negocio diferenciadas. Art. 6: la integración vertical excepcional exige demostrar que el proyecto “solamente es viable” mediante el ejercicio de dos o más actividades en una misma región. Art. 61: el permiso al transportista “le confiere exclusividad por un período de cinco (5) años”. Art. 62: el permiso se otorga mediante proceso licitatorio, con otorgamiento directo excepcional previa autorización del Consejo de Ministros.

[71] LOHG, art. 2: la ley rige “el procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior” de los gases de hidrocarburos. RLOHG, art. 2: “Sistemas de Transporte” es el “conjunto de gasoductos, plantas compresoras e instalaciones necesarias para la transmisión de gas”, y “Transporte”, el conjunto de actividades para recibir, transmitir y entregar gas a través de esos sistemas. Art. 51: la actividad de transporte comprende el diseño, construcción, operación, mantenimiento y administración de los sistemas de transporte.

Miguel Rivero

Miguel es socio de LEĜA desde el año 2007 y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la firma. Con más de 25 años de experiencia profesional, ha participado en negociaciones con compañías multinacionales de la industria del petróleo, gas, minería y del acero.