La LOTTT y LOPCYMAT regulan el acoso laboral y sexual en Venezuela como causas de retiro justificado. La jurisprudencia exige demostrar el nexo causal, validando certificaciones del INPSASEL como enfermedad ocupacional.
La LOTTT establece la responsabilidad solidaria de los accionistas ante pasivos laborales. Según el TSJ, esta obligación no requiere probar insolvencia de la empresa, bastando con demostrar la condición de socio.
Abril de 2022 destacó por el reajuste de la Unidad Tributaria a Bs. 0,40, la reforma de la LOCTI y la designación de nuevos magistrados del TSJ, junto a propuestas sobre teletrabajo y salarios.
El informe de marzo 2023 destaca la nueva regulación sobre Sujetos Pasivos Especiales, la reestructuración de Sunacrip, la intervención de la CVG y designaciones clave en carteras de petróleo y economía.
Venezuela carece de una regulación expresa sobre desconexión digital. No obstante, la LOTTT garantiza el descanso diario, semanal y anual para proteger la salud del trabajador frente al uso de tecnologías.
La LOZEE establece el marco legal para crear zonas con incentivos fiscales, aduaneros y financieros. Busca atraer inversión mediante Decretos presidenciales y «Convenios de actividad económica» gestionados por la SUNAZEE.
La LOTTT prohíbe la tercerización fraudulenta para evadir obligaciones, pero permite el outsourcing legítimo con recursos propios. El trabajo en plataformas digitales plantea nuevos desafíos sobre el control laboral.
El pago de salarios en divisas genera incertidumbre sobre los intereses moratorios y la indexación. Ante la falta de tasas claras del BCV, se recomienda analizar cada política de compensación.
La LOTTT exige autorización previa de la Inspectoría para suspender relaciones laborales por fuerza mayor. Ante la rigidez estatal, se recomienda pactar acuerdos directos con trabajadores para preservar la empresa.
La LOTTT establece un procedimiento de reenganche expedito basado en la presunción de veracidad. El TSJ exige abrir lapsos probatorios ante cualquier alegato patronal para garantizar el derecho a la defensa.