El 5 de abril de este año, el Gobierno venezolano suspendió por 90 días las relaciones económicas, comerciales y financieras de las personas y empresas ubicadas en Venezuela, con diversas empresas y personas naturales panameñas, alegando que era una medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de Venezuela. Esa medida se basó en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El 26 de abril, los Gobiernos de los dos países decidieron normalizar sus relaciones diplomáticas mediante el retorno de sus respectivos Embajadores a sus destinos y el restablecimiento de los vuelos entre los dos países.